* Ofrecían contratos de trabajo que no materializaban.
* Los arrestos fueron en Murcia, Alicante, Gijón y Madrid.
Agencia EFE/Redaccion.- La Policía Nacional detuvo este lunes a 16 personas por estafar a inmigrantes, a los que, a través de un entramado de empresas, ofrecían contratos de trabajo que no materializaban.
Prometían regularizar la situación de los estafados a cambio de diversas cantidades de dinero, que oscilaban entre 1.000 y 1.500 euros.
Los arrestos se produjeron en Murcia (7), Alicante (5), Gijón (3) y Madrid (1), según informa la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.
La investigación se inició cuando la Agregaduría de España en Bogotá (Colombia) informó de la denuncia de un ciudadano colombiano que había realizado un pago a unos compatriotas a cambio de una oferta de trabajo mediante la que poder regularizar su situación en España.
Prometían regularizar la situación de los estafados a cambio de diversas cantidades de dinero, que oscilaban entre 1.000 y 1.500 euros.
Los arrestos se produjeron en Murcia (7), Alicante (5), Gijón (3) y Madrid (1), según informa la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.
La investigación se inició cuando la Agregaduría de España en Bogotá (Colombia) informó de la denuncia de un ciudadano colombiano que había realizado un pago a unos compatriotas a cambio de una oferta de trabajo mediante la que poder regularizar su situación en España.
Nueve empresas sin actividad
A raíz de esta denuncia y de la información recibida en la Brigada de Extranjería y Documentación de la Comisaría Local de Gijón, se determinó la existencia de un entramado de nueve empresas carentes de actividad, ubicadas en las provincias de Ávila, Alicante, Murcia y Almería, a través de las que se solicitaban permisos de trabajo y residencia en diversas subdelegaciones de Gobierno del territorio nacional.
La coordinación policial permitió comprobar que los administradores de dichas empresas, relacionados entre sí y bajo la dirección de una misma persona, habían presentado hasta 660 solicitudes de trabajo de ciudadanos extranjeros, de las que 548 no fueron concedidas.
Estas entidades exigían a los inmigrantes el pago de entre 1.000 y 1.500 euros por oferta y por presentar la solicitud ante los organismos encargados de la tramitación, cuando en realidad no tenían intención de realizar efectivamente dichas contrataciones.
La coordinación policial permitió comprobar que los administradores de dichas empresas, relacionados entre sí y bajo la dirección de una misma persona, habían presentado hasta 660 solicitudes de trabajo de ciudadanos extranjeros, de las que 548 no fueron concedidas.
Estas entidades exigían a los inmigrantes el pago de entre 1.000 y 1.500 euros por oferta y por presentar la solicitud ante los organismos encargados de la tramitación, cuando en realidad no tenían intención de realizar efectivamente dichas contrataciones.
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